La designaci�n en diciembre pr�ximo de un nuevo presidente del Banco Central representa para el Gobierno una oportunidad �nica -dir�ase irrepetible- de abrirse a un debate sobre la corresponsabilidad que debiera tener esa instituci�n en las tareas del crecimiento econ�mico del pa�s y de contribuir con sus pol�ticas a promover un desarrollo m�s equilibrado.
La visi�n excluyente y tecnocr�tica incubada en la ley org�nica que consagr� la autonom�a del Banco Central en las postrimer�as del r�gimen militar ha permanecido inexplicablemente inmutable. Casi dos d�cadas despu�s de su dictaci�n, y cuando los equilibrios macroecon�micos han sido s�lidamente establecidos, cuesta entender por qu� la entidad debe permanecer al margen de los desaf�os y oportunidades que en todo este tiempo se han abierto en �reas socialmente tan relevantes como el empleo y el nivel de ingresos.
Resguardados en su autonom�a y respaldados -por acci�n u omisi�n- por las tres �ltimas administraciones, los sucesivos consejeros del Banco Central y quienes han ejercido la presidencia del mismo han mantenido una inalterable y cerrada oposici�n a todo debate que pudiese significar rediscutir cu�les son los objetivos que debe tener la instituci�n. No se trata, como han postulado desde algunos think tanks y parlamentarios de derechas, de debilitar su tarea esencial y excluyentemente anti-inflacionaria que le asign� en su momento la Junta Militar. El punto, m�s precisamente, es preguntarse por qu� esa misi�n no puede ser complementada con la de velar tambi�n por el crecimiento y el empleo.
La conveniencia -si no la necesidad- de complementar ambas misiones es algo que se da por sentado en la mayor�a de las econom�as modernas. Asimismo, en la casi totalidad de las sociedades animadas por algo m�s que el prurito de hacer del crecimiento un fin en s� mismo, es casi un imperativo que tambi�n es tarea de los bancos centrales (y no s�lo de la autoridad fiscal) velar por el crecimiento. Sobre todo cuando, como en el caso chileno, �ste contin�a cimentado sobre unas bases econ�micas muy concentradas y socialmente regresivas.
Precisamente ha sido la descoordinaci�n entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda la que ha provocado al menos dos episodios de �sobre-reacci�n� en gran parte responsables en un caso (1988) de la profundizaci�n de los efectos de la �crisis asi�tica� sobre Chile, y en el otro (2006) de ralentizar la recuperaci�n econ�mica -desaprovechando una in�dita coyuntura de altos precios de nuestros commodities.
Aunque �sos son los ejemplos m�s llamativos, han sido m�ltiples las ocasiones en que el Banco Central -en una jactanciosa demostraci�n de su autonom�a- ha continuado aplicando unas pol�ticas que representan verdaderos cerrojos al crecimiento, y cuyos efectos han sido neutros, cuando no opuestos, a los esfuerzos que simult�neamente efectuaba la autoridad fiscal para inyectar m�s vitalidad a la econom�a.
Nadie duda de que algunas pol�ticas exclusivamente bajo su tutela -como la cambiaria y la crediticia- est�n directamente vinculadas al crecimiento. Pero no pocas veces la entidad ha dado muestras fehacientes de nadar contra la corriente de la econom�a real (no de la financiero-especulativa), que le demandaba flexibilidad en su administraci�n. Guiado por una visi�n irreductiblemente monetarista, el Banco ha actuado con impasible neutralidad o a destiempo en materia cambiaria cuando la competitividad del sector externo ha sido resentida por el derrumbe del d�lar. Esta actitud adquiere doble relevancia cuando el abanico de las pol�ticas p�blicas est� siendo crecientemente constre�ido por las obligaciones contra�das en los numerosos Acuerdos Comerciales suscritos por el pa�s.
La oposici�n a cualquier cambio en la ley que ci�� al Banco Central a un objetivo casi excluyentemente anti-inflacionario no ha sido patrimonio de los consejeros de derechas que han pasado por la entidad en este �ltimo tiempo. Es una predilecci�n pol�ticamente trasversal e incluso defendida (con �presiones indebidas�, seg�n algunos parlamentarios) por representantes de la �sensibilidad� socialista. Lo cual demuestra que hay tras suyo una convicci�n identitariamente institucional de que cualquier intromisi�n en el quehacer del Banco es considerada como un atentado a su autonom�a.
As� sucedi� hace un a�o cuando -en el marco del proyecto de ley de responsabilidad fiscal- algunos senadores intentaron condicionar la capitalizaci�n del Banco Central a que sin salirse de sus tareas de velar por la estabilidad de precios y el normal funcionamiento del sistema de pagos, la entidad incluyese el efecto de sus pol�ticas sobre el crecimiento, el empleo y la competitividad internacional del pa�s. Y la misma actitud refractaria al cambio ha vuelto a observarse hace unos d�as, cuando en el contexto del debate sobre la trasparencia, sus autoridades han expresado su negativa a que la entidad est� obligada a informar de su gesti�n al Congreso -y no a que el pa�s dependa para ella s�lo de la buena voluntad de sus consejeros.
La designaci�n de un nuevo consejero y, a continuaci�n, de un nuevo presidente del Banco Central sit�a a la Presidenta Michelle Bachelet ante una posibilidad inmejorable para corregir un tema no menor del �modelo�. La posibilidad de que Ricardo French-Davis -un economista de gran solvencia intelectual y vasto prestigio internacional- fuese propuesto para suceder a Vittorio Corbo ser�a una muestra de la voluntad pol�tica gubernamental y de la Concertaci�n de abordar uno de los inexplicables tab�es arrastrados en una d�cada y media. Principalmente, porque el debate accesorio a esta designaci�n debiera generar un piso pol�tico suficiente para abrirse a una posterior reforma a la normativa del Banco.
La visi�n excluyente y tecnocr�tica incubada en la ley org�nica que consagr� la autonom�a del Banco Central en las postrimer�as del r�gimen militar ha permanecido inexplicablemente inmutable. Casi dos d�cadas despu�s de su dictaci�n, y cuando los equilibrios macroecon�micos han sido s�lidamente establecidos, cuesta entender por qu� la entidad debe permanecer al margen de los desaf�os y oportunidades que en todo este tiempo se han abierto en �reas socialmente tan relevantes como el empleo y el nivel de ingresos.
Resguardados en su autonom�a y respaldados -por acci�n u omisi�n- por las tres �ltimas administraciones, los sucesivos consejeros del Banco Central y quienes han ejercido la presidencia del mismo han mantenido una inalterable y cerrada oposici�n a todo debate que pudiese significar rediscutir cu�les son los objetivos que debe tener la instituci�n. No se trata, como han postulado desde algunos think tanks y parlamentarios de derechas, de debilitar su tarea esencial y excluyentemente anti-inflacionaria que le asign� en su momento la Junta Militar. El punto, m�s precisamente, es preguntarse por qu� esa misi�n no puede ser complementada con la de velar tambi�n por el crecimiento y el empleo.
La conveniencia -si no la necesidad- de complementar ambas misiones es algo que se da por sentado en la mayor�a de las econom�as modernas. Asimismo, en la casi totalidad de las sociedades animadas por algo m�s que el prurito de hacer del crecimiento un fin en s� mismo, es casi un imperativo que tambi�n es tarea de los bancos centrales (y no s�lo de la autoridad fiscal) velar por el crecimiento. Sobre todo cuando, como en el caso chileno, �ste contin�a cimentado sobre unas bases econ�micas muy concentradas y socialmente regresivas.
Precisamente ha sido la descoordinaci�n entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda la que ha provocado al menos dos episodios de �sobre-reacci�n� en gran parte responsables en un caso (1988) de la profundizaci�n de los efectos de la �crisis asi�tica� sobre Chile, y en el otro (2006) de ralentizar la recuperaci�n econ�mica -desaprovechando una in�dita coyuntura de altos precios de nuestros commodities.
Aunque �sos son los ejemplos m�s llamativos, han sido m�ltiples las ocasiones en que el Banco Central -en una jactanciosa demostraci�n de su autonom�a- ha continuado aplicando unas pol�ticas que representan verdaderos cerrojos al crecimiento, y cuyos efectos han sido neutros, cuando no opuestos, a los esfuerzos que simult�neamente efectuaba la autoridad fiscal para inyectar m�s vitalidad a la econom�a.
Nadie duda de que algunas pol�ticas exclusivamente bajo su tutela -como la cambiaria y la crediticia- est�n directamente vinculadas al crecimiento. Pero no pocas veces la entidad ha dado muestras fehacientes de nadar contra la corriente de la econom�a real (no de la financiero-especulativa), que le demandaba flexibilidad en su administraci�n. Guiado por una visi�n irreductiblemente monetarista, el Banco ha actuado con impasible neutralidad o a destiempo en materia cambiaria cuando la competitividad del sector externo ha sido resentida por el derrumbe del d�lar. Esta actitud adquiere doble relevancia cuando el abanico de las pol�ticas p�blicas est� siendo crecientemente constre�ido por las obligaciones contra�das en los numerosos Acuerdos Comerciales suscritos por el pa�s.
La oposici�n a cualquier cambio en la ley que ci�� al Banco Central a un objetivo casi excluyentemente anti-inflacionario no ha sido patrimonio de los consejeros de derechas que han pasado por la entidad en este �ltimo tiempo. Es una predilecci�n pol�ticamente trasversal e incluso defendida (con �presiones indebidas�, seg�n algunos parlamentarios) por representantes de la �sensibilidad� socialista. Lo cual demuestra que hay tras suyo una convicci�n identitariamente institucional de que cualquier intromisi�n en el quehacer del Banco es considerada como un atentado a su autonom�a.
As� sucedi� hace un a�o cuando -en el marco del proyecto de ley de responsabilidad fiscal- algunos senadores intentaron condicionar la capitalizaci�n del Banco Central a que sin salirse de sus tareas de velar por la estabilidad de precios y el normal funcionamiento del sistema de pagos, la entidad incluyese el efecto de sus pol�ticas sobre el crecimiento, el empleo y la competitividad internacional del pa�s. Y la misma actitud refractaria al cambio ha vuelto a observarse hace unos d�as, cuando en el contexto del debate sobre la trasparencia, sus autoridades han expresado su negativa a que la entidad est� obligada a informar de su gesti�n al Congreso -y no a que el pa�s dependa para ella s�lo de la buena voluntad de sus consejeros.
La designaci�n de un nuevo consejero y, a continuaci�n, de un nuevo presidente del Banco Central sit�a a la Presidenta Michelle Bachelet ante una posibilidad inmejorable para corregir un tema no menor del �modelo�. La posibilidad de que Ricardo French-Davis -un economista de gran solvencia intelectual y vasto prestigio internacional- fuese propuesto para suceder a Vittorio Corbo ser�a una muestra de la voluntad pol�tica gubernamental y de la Concertaci�n de abordar uno de los inexplicables tab�es arrastrados en una d�cada y media. Principalmente, porque el debate accesorio a esta designaci�n debiera generar un piso pol�tico suficiente para abrirse a una posterior reforma a la normativa del Banco.
Nos estamnos fijando
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